Sentencia tribunal supremo sobre pago ibi
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El Tribunal Constitucional español en su Sentencia 182/2021 de 26 de octubre de 2021, publicada el 3 de noviembre, declara inconstitucional y nulo el método utilizado para calcular la base imponible del impuesto de plusvalía municipal, es decir, el importe sobre el que se aplica el impuesto.
Los argumentos del Tribunal Constitucional español dicen que el cálculo de la base imponible se hacía con parámetros fijos, que no siempre respetaban la plusvalía realmente obtenida, por lo que los declara nulos.
La sentencia considera que estas normas son inconstitucionales por establecer «un método objetivo de determinación de la base imponible del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, que determina que siempre se ha producido un incremento del valor de los terrenos durante el periodo de tributación, con independencia de que se haya producido dicho incremento y de la cuantía real del mismo».
Con esta nueva resolución de 2021 los ayuntamientos se exponen a tener que devolver todas las cantidades que hubieran sido impugnadas, pendientes de resolución, tanto si la reclamación se planteó por vía administrativa como judicial.
Responsabilidad civil reparadora | Ubi Jus Ibi Remedium
¿Quiere vender o comprar una propiedad en España? Si es así, ¿tiene que pagar el impuesto sobre bienes inmuebles en España ese mismo año? Esta cuestión está regulada en la Ley de Haciendas Locales, que establece que, a efectos de este impuesto en España, se considerarán inmuebles rústicos y urbanos según la definición que se dé en la normativa del Catastro Inmobiliario o del Registro de la Propiedad. Si un mismo inmueble está ubicado en distintos municipios, se entiende que pertenece a cada uno de ellos -teniendo en cuenta la dimensión correspondiente de la superficie que ocupa-.
Siempre que se produzca una transmisión o traspaso de un inmueble en España que suponga un cambio de titularidad, el inmueble español queda sujeto al pago de la totalidad del impuesto, en régimen de responsabilidad subsidiaria, en los términos previstos en la Ley General Tributaria. Cuando se vende una propiedad, el IBI (o impuesto sobre bienes inmuebles español) debe ser pagado por quien era el propietario el 1 de enero del mismo año en que se produjo la transmisión. El comprador pagará el año siguiente.
प्रार्थना पत्र, solicitudes interlocutorias, solicitudes en civil
Cuando el propietario de un inmueble deja de serlo tras la venta del mismo, podría seguir recibiendo la factura del Impuesto de Bienes Inmuebles (o IBI) pasado un tiempo. El problema de esto es que no siempre está claro quién debe pagarlo, ni cómo debe repartirse el importe tras la venta del inmueble durante el año.
El Tribunal Supremo ha respondido a la cuestión con bastante claridad en su sentencia 406/2016, de 15 de junio. El ente jurisprudencial decidió que quien vende el inmueble, debe pagar el IBI. Por tanto, si no hay un acuerdo que diga lo contrario, el vendedor debe hacerse cargo del pago.
No obstante, es posible reclamar una parte al comprador, y esta parte debe representar el tiempo que el nuevo propietario ha podido disfrutar del inmueble. Esta es la única forma, además de lo que ha decidido el Tribunal Supremo, de liquidar un acuerdo sobre el Impuesto de Bienes Inmuebles.
Parece justo y lógico que vendedor y comprador puedan acordar conjuntamente el impuesto correspondiente, sin tener que firmar un documento extra para ello. De este modo, el IBI se repartirá entre ambas partes, en función del tiempo concreto que hayan sido propietarios del inmueble durante ese año.
Publicación de antecedentes penales
La Tasa Local tiene que ser pagada por el que es propietario de la casa el 1 de enero del año de la venta. Sin embargo, el Tribunal Supremo establece que el vendedor tiene derecho a repercutir al comprador la parte proporcional del tiempo que cada una de las partes haya disfrutado de la vivienda durante el año de devengo del impuesto. Es decir, el Tribunal Supremo establece que el vendedor puede repercutir parte del pago del IBI al comprador sin necesidad de llegar a un acuerdo, según la interpretación que hace del artículo 63.2 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que regula el IBI.